El caso del profesor de música Lucas Puig, quien falleció en los últimos días y fuera condenado a 35 años de prisión por abuso y corrupción de menores de edad, puso una vez más en evidencia las múltiples fisuras y cuestionamientos que enfrenta nuestro sistema judicial, dado que a lo largo de los años esta causa se convirtió en un verdadero emblema de la desconfianza que amplios sectores de la sociedad tienen hacia la justicia.
Recordemos que allá por el año 2015, Puig fue absuelto por la mayoría de los jueces. Sin embargo, un año más tarde, la Sala V del Tribunal de Casación Penal bonaerense, encargada de revisar la sentencia, consideró que la misma contaba con deficiencias en la manera de valorar la prueba, ya que se lo hizo de manera «fragmentada», por lo que ese fallo debía ser nulo, ordenando así la realización de un nuevo debate. Es decir, que debían reeditarse todos los testimonios, diligencias y demás pruebas en otro juicio oral.
Esta decisión estuvo teñida de sospechas desde el inicio, ya que uno de los magistrados que votó a favor de la nulidad y segundo juicio fue Martín Ordoqui, a quien tiempo después, aunque en otra causa, se le inició un proceso disciplinario denominado Jury por tráfico de influencias, lo que derivó en su detención por el delito de asociación ilícita.
La sombra de la duda se extendió aún más cuando se hizo circular también en distintos blogs y artículos de internet una vinculación de las familias denunciantes con un sector de la Iglesia Católica, dando cuenta de una interna que habría repercutido en el establecimiento educativo en el cual se desempeñaba Puig.
Lo cierto es que esta teoría no hizo más que alimentar la versión defensista, sosteniendo que el caso Puig habría sido utilizado como una pieza más en la guerra de poder dentro de la Iglesia, dejando entrever posibles motivaciones ajenas a la búsqueda de justicia.
Más allá de la culpabilidad o inocencia del docente, las diversas motivaciones que podría tener un fallo absolutorio o bien condenatorio, y que fueran expuestas a través de prestigiosos medios de comunicación, blogs y redes sociales, no hicieron más que poner en tela de juicio la imparcialidad y objetividad con la que debería haberse tratado el caso.
Sumado a todo esto, la demanda millonaria presentada por una de las familias denunciantes contra el colegio y el Arzobispado de La Plata generó suspicacias sobre posibles motivaciones económicas detrás de las acusaciones.
Por otro lado, quienes abogan por la culpabilidad ponen el foco en los relatos de los menores ante sus familias y en Cámara Gesell, los cuales serían, a su criterio, contundentes y reveladores de diversas conductas de índole sexual por parte del profesor, aprovechando el contexto y su ascendencia sobre las víctimas, agregando a ello secuelas en la salud que se extenderían hasta la fecha.
Fueron también las distintas valoraciones que los fiscales, abogados defensores y jueces hicieron de los testimonios de las víctimas lo que profundizó las dudas y cuestionamientos en cuanto a la imparcialidad de los magistrados. Mientras la acusación fundamentó sus alegatos en las declaraciones de las víctimas, sus madres y peritos, la defensa desacreditó estos relatos, acusando a los adultos de implantar recuerdos falsos en los menores.
Si faltaba algo más para profundizar tanta desconfianza, debemos tener presente una circunstancia por la cual aún el conflicto no terminó.
Si bien el fallecimiento del imputado es una causal de extinción de la acción penal, es decir, que el proceso debería finalizar, lo cual llevaría a pensar que no se obtendrá justicia, no ocurrirá eso en este caso, ya que en el segundo debate se hizo lugar al pedido del Fiscal Chiorazzi y se imputó a la maestra de sala Silvina Díaz, a quien las víctimas la sindican como partícipe de los abusos cuando era la maestra de la sala. Esta docente declaró en el juicio por solicitud de la defensa, pero los jueces en su sentencia describieron su testimonio como mendaz y poco objetivo.
Así entonces, tendrá lugar un nuevo proceso, en el que se investigará su eventual responsabilidad penal en los hechos también atribuidos a Lucas Puig, el cual concluirá en algunos años y en el que necesariamente se deberán revisar tales hechos una vez más.
En definitiva, estamos ante un caso que se convirtió en un caldo de cultivo para la desconfianza ciudadana hacia el Poder Judicial. Las irregularidades señaladas, las denuncias cruzadas, los intereses políticos y económicos en juego, y cierta parcialidad mediática socavaron la legitimidad del proceso y sembraron dudas sobre la capacidad del sistema para impartir justicia de manera imparcial y transparente.