El juicio a los integrantes de la denominada banda de los copitos no parece tener mucho misterio ni complejidad si su objeto solo fuera determinar quién fue el autor del intento de homicidio contra Cristina Fernández de Kirchner, ya que en la primera audiencia del juicio oral uno de los imputados, Sabag Montiel, se adjudicó tal autoría, condicionado por las pruebas existentes, las cuales le han quitado margen de acción a su defensa, y que consisten en imágenes obtenidas mediante la grabación de del celular de un militante, el testimonio de otro de ellos quien logro reducir al atacante, el hallazgo del arma , la pericia realizada sobre la misma y el material obtenido de distintos teléfonos celulares secuestrados, entre otras.
Es cierto que Montiel podría haber optado por mantenerse en silencio, pero con su declaración buscó “llevarse la marca”, es decir, exculpar a sus compañeros de causa y así vincularse a una tentativa de homicidio simple, sin el agravante del concurso premeditado de dos o más personas. Para eso, debe descartarse la existencia de una planificación previa y la intervención de al menos otras dos personas, es decir, sacar de escena a Nicolás Carrizo y Brenda Uliarte, los otros imputados, lo que implicaría una pena mucho menor para aquel, acompañada de la absolución de estos, no sin antes descartar también el agravante de la alevosía, dado que la hipótesis de la fiscalía es que Sabag Montiel actuó sobre seguro al hacerse pasar por un militante k y así acercarse a su víctima.
Esa línea siguieron también los recién nombrados: Uliarte mostrándose conmovida e imposibilitada de declarar, mientras que Carrizo lo hizo como un joven tierno e ingenuo que gustaba de hacer bromas, presentando ante los juzgadores una versión que en derecho penal es conocida como “teoría del caso”, la cual, con las pruebas obtenidas en la investigación previa y que deberán analizarse en el debate, difícilmente le resulte útil.
Está claro que determinar quién intentó matar a Cristina Fernández y si se trató de una persona o hubo un plan integrado por varias, no es el único objeto de este juicio, no al menos para la querella, que desde los albores de la causa ha insistido en la existencia de un plan más sofisticado y con fines políticos, lo que lleva a analizar también roles y responsabilidades de los custodios que debían actuar esa noche.
Esta tarea encomendada a los abogados de la ex Vicepresidenta responde a circunstancias que se conocieron luego del atentado, en las que, sin que se explique el motivo, se borró todo el contenido de los teléfonos de dos colaboradoras del diputado del PRO Gerardo Milman, presentes en el momento en que un testigo lo escuchó decir «cuando la maten yo estoy camino a la costa», ello dos días antes del hecho.
A esto debe sumarse que, en una declaración testimonial durante la instrucción, Ivana Bohdziewicz expresó que existió una reunión en una oficina de Patricia Bullrich para hacer desaparecer el contenido de los teléfonos en plena investigación del intento de magnicidio.
Debemos mencionar también que, en la pasada audiencia, un testigo muy relevante, el dueño del celular que grabó el momento previo en que le acercan el arma al rostro de Cristina y gatillan, aseguró que uno de los custodios le solicitó que borrara ese video, lo que podría responder a una necesidad de no quedar expuesto por su mal desempeño o quizás a ese plan más sofisticado que menciona la querella.
Restan muchos meses de juicio, e incluso puede que no finalice este año si es que no se desiste de algunos testigos, lo cual suele ocurrir en todo debate. Lo cierto es que los objetivos y estrategias de cada parte ya han sido expuestos, resta ver su ejecución en manos de los litigantes.